Justicia penal internacional

Justicia penal internacional

La creación de una justicia penal internacional

 

« El carácter transnacional de los crímenes contra la humanidad durante la Segunda Guerra mundial tuvo como consecuencia, al término de los conflictos, la creación de jurisdicciones internacionales en Núremberg (acuerdo del 8 de agosto de 1945) y luego en Tokio (proclamación del 19 de enero de 1946) encargadas de aplicar un principio fundamental, jamás desmentido desde entonces: se busca la responsabilidad personal del los jefes de Estado, de los miembros del gobierno, de los parlamentarios, de los jefes militares. El final de la guerra fría vio que este proceso volvía a funcionar, especialmente con jurisdicciones internacionales para la ex- Yugoslavia y Ruanda, así como con la creación de la Corte penal internacional, pero con cuántas dudas, reticencias, incluso hostilidad, sin olvidar las dificultades materiales. »

Pierre Truche
Juzgar los crímenes contra la humanidad. 20 años tras el juicio de Barbie, Lyon, ENS Éditions, 2009

 

 

Si, en apariencia, la definición de crimen contra la humanidad y el juicio de los criminales son casos de derecho, en la práctica, rendir justicia para restablecer la paz (pero del mismo modo la historia) pone en evidencia las tensiones entre derecho y política, ya que la búsqueda de la verdad, condición necesaria en todo proceso equitativo, es un ejercicio peligroso.

 

Las jurisdicciones « ad hoc »

 

A principios de los años 1990, se crearon nuevas jurisdicciones cuya competencia queda limitada a un conflicto determinado. Se habla de jurisdicciones « ad hoc », llamadas a desaparecer en cuanto los juicios hayan terminado.

 

Tribunal penal internacional para la ex-Yugoslavia (TPIY)
En 1991, el estallido de la federación de Yugoslavia instala de nuevo la guerra en el corazón de Europa. Serbia dirige una política de « limpieza ética » en Bosnia y Croacia. Se llegan a cometer crímenes. Con la resolución 827 del 25 de mayo de 1993, el Consejo de seguridad de la ONU crea un Tribunal penal internacional para la ex-Yugoslavia, mientras que el conflicto aún no ha terminado. Instalado en La Haya (Países Bajos), este tribunal juzga a las personas responsables de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad (comprendiendo un posible genocidio) cometido en el territorio de la ex- Yugoslavia desde 1991.

 

Tribunal penal internacional para Ruanda (TPIR)
A principios de abril de 1994 y durante un centenar de días, cerca de un millón de personas fueron masacradas en Ruanda ; el 90% de etnia tutsi. El 8 de noviembre de 1994, la resolución 955 del Consejo de seguridad crea, siguiendo el modelo del TPIY, el Tribunal penal internacional para Ruanda (TPIR). Instalado en (Tanzania), juzga a las personas responsables de genocidio u otros crímenes contra la humanidad cometidos en Ruanda entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994, así como a los ciudadanos ruandeses culpables de delitos de la misma naturaleza cometidos en territorio de Estados vecinos.

 

Las jurisdicciones internacionalizadas y comisiones de « Verdad y reconciliación »
A finales del siglo XX, se crearon nuevas jurisdicciones « ad hoc » para juzgar a los autores de los crímenes contra la humanidad cometidos en el territorio de Sierra Leona (Tribunal especial para Sierra Leona), Camboya (cámaras extraordinarias de Camboya), Timor Oriental (grupos especiales para Timor Oriental), Kosovo (cámaras 64).
Algunos países establecieron comisiones de « Verdad y reconciliación » (Suráfrica, Perú, …)

 

La Corte penal internacional

 

El 11 de abril de 2002, 60 estados ratificaron el Estatuto de Roma (1998), que instituye oficialmente la Corte penal Internacional (CPI),primer tribunal internacional. Este Estatuto entra en vigor el 1 de julio de 2002.

Hasta el 1 de junio de 2011, ya eran 115 los Estados que lo habían ratificado.

 

A diferencia de los tribunales penales « ad hoc », con mandato limitado, la CPI está dotada de una competencia universal, e ilimitada en el tiempo (para los hechos cometidos a partir de 2002). Tiene por misión juzgar a los autores de genocidios, crímenes contra la humanidad, y crímenes de guerra. Está previsto que la Corte pueda ocuparse igualmente de los crímenes de agresión.

 

La tradicional razón de Estado y la voluntad de moralizar la vida pública en nombre de los valores universales de la humanidad se enfrentan abiertamente y solo con la constante presión de la sociedad civil podrá emerger verdaderamente una justicia internacional.

 

¿ Quién es competente para juzgar a los autores de los crímenes contra la humanidad ?

 

La Corte penal internacional interviene según el principio de complementariedad :
asume si los Estados competentes no tienen la voluntad política o se encuentran incapaces (país en ruinas, desorganización administrativa…) de perseguir ellos mismos en justicia a los autores de los delitos.

 

Los Estados que forman parte de la Corte penal internacional :
• si los delitos han sido cometidos en su territorio
• si los delitos han sido cometidos por uno de sus residentes.

 

Los Estados que integraron en su derecho nacional estas incriminaciones.
Así pues son competentes para :
• los delitos cometidos en su territorio (competencia territorial)
• los delitos cometidos por sus residentes o contra sus residentes (competencia activa o pasiva).

 

Otra competencia que tiende a desarrollarse es la competencia universal, la cual permite que un Estado pueda juzgar al autor de un crimen contra la humanidad detenido en su territorio. Una ley belga de 1993 modificada en 1999, hoy en día abolida, era aún más audaz ya que otorgaba competencia a los jueces belgas para juzgar a todo criminal contra la humanidad en cuanto la denuncia sea presentada en Bélgica e incluso si la persona buscada no estaba presente en el país.

 

En aplicación a las diferentes posibilidades, es bastante frecuente que los torturadores sean arrestados en un país distinto a aquel en el que cometieron los delitos. E incluso ha llegado a ocurrir que un jefe de Estado o de gobierno sea juzgado por una jurisdicción extranjera :
• Augusto Pinochet, detenido en Londres en 1998 a petición de la justicia española.
• Hissène Habré, demandado en Senegal en febrero de 2000 por los delitos cometidos en Chad durante su presidencia (procedimiento en curso).

 

En el estado actual del derecho internacional, la inmunidad diplomática de los jefes de Estado y de gobierno en ejercicio, ha sido levantada solo ante algunas jurisdicciones penales internacionales.